Cada 10 de diciembre, al conmemorar el Día de los Derechos Humanos, recordamos que todos los derechos —también los sexuales y reproductivos (DSDR)— son inalienables. En este contexto, Haurralde Fundazioa reafirma su compromiso de denunciar una práctica que vulnera infancia, dignidad y futuro: el matrimonio infantil.
A escala mundial, el matrimonio infantil —definido como cualquier unión formal o informal donde al menos una de las personas es menor de 18 años— sigue siendo una práctica generalizada. Hoy, aproximadamente 1 de cada 5 niñas se casa o se une antes de los 18 años. Y la carga es profundamente desigual: más del 80 % de los menores casados son niñas, según datos de UNICEF. Como consecuencia, se estima que 640 millones de mujeres vivas hoy fueron casadas en su infancia, lo que demuestra el alcance histórico y estructural de esta vulneración de derechos.
En los países donde Haurralde Fundazioa desarrolla proyectos de cooperación —como Mozambique, Colombia o Guatemala— las cifras revelan la magnitud del problema. En América Latina y el Caribe, la tendencia es especialmente preocupante: es la única región del mundo donde la prevalencia de los matrimonios infantiles no ha disminuido en los últimos 25 años, y mantiene además el segundo lugar mundial en embarazos adolescentes, según UNICEF y UNFPA. El costo social y económico del embarazo adolescente en la región es inmenso. Según un informe reciente de UNFPA, asciende a 15.300 millones de dólares anuales, un lastre que recae principalmente sobre las propias adolescentes y sus familias.
En Mozambique, que figura entre los diez países con mayor incidencia de esta práctica en el mundo, casi la mitad de las mujeres jóvenes (48,4 %) declara haber contraído matrimonio o unión antes de los 18 años, y un 12,9 % lo hizo antes de los 15. En Guatemala, alrededor del 29–30 % de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 18. En Colombia, hasta 2024, la legislación permitía excepciones que facilitaban el matrimonio infantil. Finalmente, en febrero de 2025 y tras años de movilización, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma, estableciendo los 18 años como edad mínima sin excepciones.
Salud, derechos y una condena precoz
Con frecuencia, la uniones tempranas llevan a embarazos precoces. La combinación de inmadurez física, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ausencia de consentimiento real, y condiciones de vulnerabilidad, hace que las complicaciones en el embarazo y el parto sigan siendo la principal causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años.
El matrimonio infantil también suele condenar al abandono escolar, limitar las oportunidades de autonomía económica, y perpetuar un ciclo intergeneracional de pobreza. Además, según datos de UNICEF, las niñas casadas enfrentan un riesgo más alto de violencia de pareja, abuso sexual o doméstico, y una exposición sistemática a la desigualdad de género.
La dimensión normativa: ¿y en España?
Ante esta realidad global, ¿qué ocurre en Europa y a nivel estatal, nuestro contexto más cercano?
El avance en algunos países —como Colombia— demuestra que es posible legislar la protección de las niñas. Pero en contextos como el de España, la lucha adquiere otra dimensión: la prevención, la sensibilización y la construcción de mecanismos de protección adecuados.
El marco legal español ha evolucionado para reforzar la protección de menores. Desde 2015, con la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015, los menores de 16 años no pueden casarse. Entre los 16 y 18 años, solo es posible si están emancipados y con autorización judicial.
Sin embargo, España no ha seguido la recomendación internacional de elevar la edad mínima de matrimonio a 18 años y tampoco cuenta con una normativa que tipifique específicamente el “matrimonio infantil” o “forzado” como delito independiente. La protección legal recae en normas generales de consentimiento válido y en figuras penales relacionadas con la coacción, amenazas o privación de libertad.
Esto deja una vulnerabilidad jurídica: la ley establece que la práctica no es aceptable, pero la ausencia de protocolos claros dificulta la prevención, detección y atención de casos reales, sobre todo en contextos de migración, multiculturalidad, aislamiento social o violencia estructural. Aunque España ratificó el Convenio de Estambul —que exige medidas contundentes contra el matrimonio forzado y otras violencias de género—, la implementación práctica presenta lagunas: escasa coordinación entre sistemas educativos, sanitarios, sociales y judiciales, y débil prevención en comunidades vulnerables.
Incidencia, educación y reparación local
Desde Haurralde Fundazioa reafirmamos nuestro compromiso con niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que siguen viendo vulnerados sus sueños, su libertad y su futuro. Trabajamos para fortalecer su autonomía, sus derechos sexuales y reproductivos y su empoderamiento económico. Desarrollamos campañas de sensibilización y educación para promover la escolarización de niñas y jóvenes y desafiar normas patriarcales. Desde la incidencia, exigimos un protocolo estatal eficaz que garantice detección temprana, atención sanitaria, acompañamiento psicosocial, acceso judicial y protección plena de los derechos de niñas y mujeres vulnerables.
Hoy, en el Día de los Derechos Humanos —y siempre—, recordamos que el matrimonio infantil vulnera gravemente la salud, la educación, la libertad y la dignidad de niñas y adolescentes. Convertir a una niña en esposa y madre antes de tiempo no es solo una tragedia personal: erosiona su autonomía y limita su futuro. Defender los derechos sexuales y reproductivos —todos— es defender la infancia, la dignidad y la justicia.
