Grupo Focal de Personas Migradas y Desplazadas. Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible – CEPAL. Madrid, 1º de junio 2026, Foro de la Sociedad Civil en el marco de V Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista (PEF): Construyendo paz y democracia.
En los últimos años la comunidad internacional ha comenzado a incorporar con mayor frecuencia el concepto de Política Exterior Feminista. Gobiernos, organismos multilaterales y espacios de sociedad civil debaten cómo construir relaciones internacionales más justas, inclusivas y comprometidas con los derechos humanos. Sin embargo, existe una pregunta incómoda que sigue esperando una respuesta honesta: ¿puede existir realmente una política exterior feminista mientras millones de mujeres y niñas continúan siendo expulsadas de sus hogares y obligadas a huir?
La migración se ha convertido en uno de los fenómenos más significativos de nuestro tiempo. Según datos de ACNUR, más de 123 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento forzado. América Latina y el Caribe concentran una parte creciente de esta realidad, impulsada por conflictos armados, violencia criminal, persecución política, crisis económicas, desastres climáticos y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Según la ONU, en 2020 América Latina y el Caribe tenía una población migrante de 43 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15 % del total de migrantes en el mundo. En Europa residen cerca de 5,4 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños, principalmente en España. En la región latinoamericana se estiman 9,1 millones de migrantes. América Latina y el Caribe experimentó el mayor crecimiento relativo (72 %) de la migración intrarregional a nivel mundial. La subregión del Caribe presenta una de las mayores diásporas del mundo en proporción a su población: en orden decreciente, las de Puerto Rico, Haití, Cuba, la República Dominicana y Jamaica.
Detrás de estas cifras existen historias concretas. Mujeres que cruzan fronteras embarazadas. Niñas que viajan solas. Madres que dejan atrás a sus hijos para intentar garantizar su supervivencia. Familias enteras que abandonan comunidades donde la violencia, la pobreza o el control territorial de actores armados han convertido la vida cotidiana en una amenaza permanente.
Durante demasiado tiempo la migración se ha abordado desde una lógica centrada en la seguridad, el control y la gestión de fronteras. Se habla de flujos, cifras, cuotas y procedimientos administrativos, pero pocas veces se habla de las causas profundas que obligan a las personas a desplazarse. Tampoco se habla suficientemente del impacto diferenciado que estas dinámicas tienen sobre las mujeres y las niñas.
La investigación reciente sobre movilidades humanas en las Américas muestra que los desplazamientos actuales no pueden entenderse únicamente como movimientos económicos. En muchos casos estamos frente a verdaderos procesos de expulsión. Comunidades enteras son desplazadas por la violencia del crimen organizado, por conflictos territoriales, por megaproyectos extractivos, por economías ilegales o por fenómenos climáticos que destruyen sus medios de vida. La frontera entre migración y desplazamiento forzado es cada vez más difusa.
Sin embargo, mientras aumentan las causas que generan migración forzada, las respuestas internacionales avanzan en sentido contrario. Europa y América del Norte se han militarizado, reforzando sus sistemas de control fronterizo, externalizando la gestión migratoria hacia terceros países ajenos a la nacionalidad de los migrantes y aumentando la inversión en tecnologías de vigilancia. Las fronteras se han convertido progresivamente en espacios de excepción donde los derechos humanos parecen negociables.
Las consecuencias son especialmente graves para las mujeres y las niñas.
Las rutas migratorias de América Latina se han militarizado y están marcadas por riesgos constantes de violencia sexual, trata de personas, explotación laboral, desapariciones y extorsiones. Numerosos estudios muestran que muchas mujeres planifican sus desplazamientos asumiendo que sufrirán algún tipo de agresión durante el trayecto. Esta realidad, aunque conocida por quienes trabajan en terreno, continúa ocupando un lugar marginal en buena parte de los debates políticos.
A ello se suma otra dimensión frecuentemente invisibilizada: la crisis de los cuidados.
Las mujeres desplazadas sostienen la vida en medio del desastre. Son quienes cuidan a niños, niñas, personas mayores y familiares enfermos mientras intentan sobrevivir en contextos de enorme precariedad. Son quienes reconstruyen redes comunitarias, gestionan recursos escasos y mantienen unidas a las familias. Sin embargo, rara vez las políticas migratorias reconocen esta labor o incorporan medidas específicas para protegerla.
Algo similar ocurre con la salud mental.
Las organizaciones que trabajan directamente con población migrante observan un incremento constante de situaciones de ansiedad, depresión, estrés postraumático y duelo migratorio. Muchas mujeres llegan después de haber atravesado experiencias extremas de violencia. Otras enfrentan largos procesos de separación familiar, incertidumbre administrativa o discriminación en los países de destino. El sufrimiento emocional se acumula y se prolonga en el tiempo, pero sigue siendo uno de los aspectos menos atendidos de la respuesta institucional.
Por eso resulta insuficiente hablar de igualdad de género sin abordar la movilidad humana. Las contribuciones de la migración internacional al desarrollo sostenible, por ejemplo al crecimiento económico, y otras dimensiones como la dimensión demográfica y la cultural, son significativas. Mediante el trabajo, el emprendedurismo, la innovación y los aportes tributarios, las personas migrantes contribuyen al crecimiento del PIB de los países de destino. (Martínez y Cano, 2022).
Una política exterior feminista no puede limitarse a incorporar lenguaje inclusivo o a promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión. Debe preguntarse también por las estructuras que generan expulsión, vulnerabilidad y sufrimiento.
Debe preguntarse por qué millones de mujeres siguen abandonando sus hogares.
Debe cuestionar las políticas que convierten las fronteras en espacios de violencia.
Debe analizar las relaciones entre extractivismo, desigualdad, militarización y desplazamiento forzado.
Y debe reconocer que los cuidados, la protección y la reparación forman parte esencial de cualquier agenda feminista que aspire a transformar la realidad.
Hablar de movilidad humana desde una perspectiva feminista implica, además, reconocer a las mujeres migrantes como actoras políticas. No son únicamente víctimas de procesos que escapan a su control. Son lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos, trabajadoras, cuidadoras y constructoras de alternativas. Su experiencia constituye una fuente de conocimiento imprescindible para diseñar políticas más justas y eficaces.
En demasiadas ocasiones se elaboran estrategias sobre migración sin contar con las voces de quienes viven estas realidades en primera persona. Esa exclusión reproduce la misma lógica paternalista que históricamente ha caracterizado muchas políticas públicas.
La participación efectiva de mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas debe convertirse en un principio fundamental de cualquier política exterior feminista coherente.
Hoy más que nunca necesitamos ampliar la mirada.
No estamos únicamente ante una cuestión migratoria.
Estamos ante un desafío democrático.
Estamos ante una cuestión de derechos humanos.
Estamos ante una crisis de cuidados.
Y estamos ante una de las expresiones más evidentes de las desigualdades globales contemporáneas.
Mientras millones de mujeres y niñas sigan huyendo de la violencia, de la persecución, de la pobreza extrema o de la ausencia de oportunidades para construir una vida digna, no podremos hablar seriamente de paz.
Mientras las fronteras sigan funcionando como espacios donde los derechos se suspenden o se relativizan, tampoco podremos hablar plenamente de democracia.
La Política Exterior Feminista tiene la oportunidad de situar estas cuestiones en el centro del debate internacional. Pero para ello debe asumir una premisa sencilla y contundente: no habrá justicia de género mientras las mujeres sigan siendo expulsadas de sus territorios y obligadas a sobrevivir en movimiento.
Porque no hay política exterior feminista posible si quienes sostienen la vida continúan siendo invisibles.
Y porque no habrá paz ni democracia mientras las mujeres y las niñas sigan huyendo
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